Un total de 19 personas fueron asesinadas el 11 de abril de 2002 en los alrededores de Miraflores; en éste se cuenta el caso de un manifestante oficialista caído en circunstancias no esclarecidas cuando volvía en la noche a su casa, en la parroquia 23 de Enero. Siete años después, sólo las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano han llegado a juicio, condenando por ellas a los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y siete PM de menor rango; sin embargo, el proceso no esclareció los sucesos de aquel día, pues las pruebas presentadas en su contra no son contundentes.
La falta de una comisión de la verdad imparcial impide que se esclarezcan los hechos, pues el trabajo realizado por la Fiscalía ha sido politizado, tanto como la incipiente averiguación que emprendió en 2002 el Parlamento. Las balas que asesinaron a esos ciudadanos pudieron salir no sólo de la PM, sino de los civiles armados y supuestos francotiradores apostados en la zona.
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