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Con ocasión de la recien-te sentencia pronunciada por un tribunal mixto en el estado Aragua, mediante la cual se condena a 10 ex funcionarios de la Policía Metropolitana por los hechos ocurridos durante el 11 de abril de 2002 en la avenida Baralt, de la ciudad de Caracas, queremos hacer algunas consideraciones: Mediáticamente se ha tratado de crear una matriz de opinión según la cual se está en presencia de un Estado represor y violador de los derechos humanos, criminalizando la conducta de los fiscales, la juez y los escabinos solamente por cumplir con lo que la Constitución y la ley les ordena.
En un Estado democrático, social de derecho y de justicia como el venezolano, donde por medio de una Asamblea Nacional Constituyente el pueblo plasmó sus principios y valores de manera directa en la Constitución, cuando las personas actúan al margen de la misma, atentando contra bienes como la vida o la propiedad, se convierten en sujetos activos del delito y el Estado; en consecuencia, debe mantener el orden público condenando con penas corporales, para así asegurar el imperio de esos valores preestablecidos por los venezolanos en su Ley fundamental.
El Estado está en la obligación de hacer que se acaten la Constitución y las leyes para satisfacer y lograr la convivencia pacífica y en armonía.
En el caso de la referida sentencia, el Estado no ha hecho otra cosa que condenar a los autores de los hechos punibles, cuya culpabilidad quedó demostrada en el juicio oral y público que se llevó a cabo.
Siempre en juicio están encontrados dos intereses y uno se impondrá sobre el otro, por lo que, en consecuencia, ambas partes deben someterse a la decisión emanada del órgano jurisdiccional y, de ser contraria a una de las mismas, la forma de atacarla es a través de los mecanismos que al efecto establece la ley.
Indudablemente que las opiniones que se han generado de alguna manera fortalecen la libertad y la democracia de nuestro actual sistema político, lo cual el Ministerio Público ve con mucha satisfacción y lo reivindica como un factor importante en la profundización de los procesos sociales y políticos.
Es importante dejar sentado que el Ministerio Público siempre velará por la exacta observancia de la Constitución y las leyes, por el debido proceso y por los derechos de todos los ciudadanos. REGRESAR |
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