Los venezolanos tenemos derecho a estar informados. Tenemos derecho a saber lo que pasa. La Constitución lo reconoce en su artículo 58 y, al hacerlo, compromete al Estado a garantizarlo. La comunicación, así la define, 'es libre y plural'. Una cosa es la libertad de expresión, reconocida en el artículo 57, y otra el derecho a la información del 58. La libertad de expresión es clave para la búsqueda de la verdad. Bien lo dice Rafael Chavero en El Reino de la Intolerancia, su excelente libro sobre la cuestión: '...ningún ser humano puede asumir el poder suficiente para silenciar las ideas o expresiones que considera falsas, irrespetuosas, ofensivas o equivocadas, pues tanta arrogancia escapa de la falibilidad humana. Los mejores resultados se obtienen con el libre debate de las ideas.' En Venezuela, según reporta la ONG Espacio Público, en 2008 los periodistas agredidos aumentaron 30%.
Sin libertad de expresión no hay derecho a la información, y sin derecho a la información la libertad de expresión no puede sobrevivir. Ambos se acompañan y fortalecen mutuamente. Sin el uno no puede haber el otro. Poder hablar es un derecho humano, pero ¿Cómo hacerlo si no podemos saber?
Estas cosas que parecen teóricas o remotas y que nos cuesta sentir amenazadas a los venezolanos, acostumbrados a tenerlas y a darlas por seguras, las recuerdo a propósito del nuevo procedimiento abierto contra Globovisión.
¿Qué pasó?
La madrugada del lunes, los habitantes del centro del país nos despertamos sobresaltados por un movimiento sísmico, más prolongado y aparentemente más fuerte que el de un mes antes. Muchos salieron de sus casas en seguida. La reacción normal es buscar información. Al encender la televisión vimos que los canales, como es normal, transmitían materiales grabados. El canal del Estado debe tener información, pensamos, y lo sintonizamos, pero no era el caso. Era lógico esperar que Globovisión, especializado noticias, dijera algo y así fue. Tras intentar comunicarse con el ente oficial encargado, llamadas que se hicieron al aire por la diligencia del personal de guardia, escuchamos la voz del director general del canal, Alberto Federico Ravell, quien personalmente había buscado información en Internet y nos la transmitió a todos: el sismo fue de tal intensidad, según tal fuente, no se reportan pérdidas humanas ni materiales, estemos tranquilos y, lo cual es obvio, el gobierno debería haber sido quien nos informara y no lo hizo.
La reacción gubernamental no se hizo esperar. Acusaciones, descalificaciones, y un procedimiento sancionatorio, otro más, contra la empresa. Lo que se aprecia en la línea argumental oficial es muy revelador. Quien ande informando por ahí sin esperar la versión del gobierno es un alarmista que quiere atemorizar a los venezolanos cumpliendo instrucciones del imperio. Lo cual equivale a que el derecho a saber lo monopolizan ellos, y que el nuestro es un derecho de segunda mano, reducido a enterarnos de lo que ellos nos digan, cuando nos lo digan. Por ejemplo, que un sismo así no se repetirá hasta dentro del mil años, que los precios de los alimentos no aumentaron en abril, o que se nos protege de la gripe porcina con una vacuna que no sirve para eso.
Que tranquilizar a la gente después de un temblor, diciéndole qué pasó y que no hay daños reportados, puede ser una falta es peligroso, por lo que implica. Si el titular de FUNVISIS no podía hablar con Globovisión antes que con VTV, es porque para el gobierno es más importante mantener el control de lo que se informa que nosotros sepamos qué pasa. ¿Qué de bueno puede salir de esa premisa?
No nos engañemos. El derecho a estar informado es de primera necesidad.
No saber, por ejemplo...
Solo en la semana que concluye, el monopolio oficial de la información, el objetivo revolucionario que con el eufemismo de 'hegemonía informativa' busca el gobierno, habría servido, por ejemplo, para que ignoráramos la crisis en Guayana, provocada por los desaciertos gubernamentales, y una de cuyas manifestaciones más tenebrosas es el asesinato de dirigentes sindicales, o el caos en la ciudad de Mérida que se llevó la vida de un estudiante o la represión desproporcionada a la marcha del 1° de Mayo. Para que no nos enteráramos del problema con las once cooperativas que distribuyen el combustible y que afecta el abastecimiento de las estaciones de gasolina cuyo inventario llegó a la mitad. Para que no supiéramos que la producción industrial del país viene cayendo, lo mismo que la recaudación impositiva, el ingreso de divisas que baja en 62%, y la matrícula escolar oficial, la cual disminuyó de 2007 a 2008, aunque haya más niños. Para que no nos diéramos cuenta de que las invasiones, tomas y expropiaciones de fincas en vez de favorecer, perjudican al pueblo porque atentan contra el empleo y la producción. Para que pasara por debajo de la mesa que las autoridades del BCV pretenden abultar, con trucos de cálculo, las reservas internacionales que cayeron en un tercio. Al revés que las deudas de Pdvsa, que subieron en 146%. Para que no nos llegaran noticias como la alta escasez en Mercal y Pdval, que la autorización para comprar divisas a laboratorios farmacéuticos y distribuidores de equipos médicos y odontológicos demora 40 días, y que la ley de comunas que discute la AN anula las cooperativas. Así, cualquiera cree que vamos a paso de vencedores.
Esta semana, en los medios...
'ALBORNOZ CREE QUE LA JUSTICIA SÍ SE ESTÁ UTILIZANDO COMO ARMA POLÍTICA'
El Secretario General de PPT y Vicepresidente de la AN José Albornoz, declara a El Universal, lunes 4 de mayo de 2009, pp.1-1 y 1-4.
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