El diputado José Luis Pirela recientemente estuvo de visita en el municipio Colón para hacer un registro de imágenes de La Milagrosa, y dejó colar los planes que tienen para la agropecuaria.
Confiscar y luego partirla en pedazos para repartirla a cooperativas y campesinos, pareciera ser el destino de la agropecuaria La Milagrosa, propiedad del ex alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales.
Luis Enrique Vílchez y Rafael Camejo, abogados de Rosales, dijeron que tal acción se basa en la inspección que desde hace tres semanas han realizado el Instituto Nacional de Tierras (Inti), como la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), y la visita que el diputado José Luis Pirela hizo a La Milagrosa para hacer un registro de imágenes.
“El diputado (José Luis Pirela) mencionaba el pasado miércoles que era viable otorgar la agropecuaria a cooperativas y campesinos. La situación es de expectativa pues aún se desconoce si el Inti intervendrá la unidad de producción”, dijo Vílchez.
El profesional del derecho comentó que las decisiones sobre los fundos de La Milagrosa, de más 300 hectáreas de extensión, quedarán a consideración del capitalino Tribunal 19no.a donde fue llevado el caso.
Medida autoritaria
Como “totalitaria” y “autoritaria” fue calificada, por los abogados del ex alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales; la pretensión de confiscación de la agropecuaria La Milagrosa, que el Estado venezolano pretende aplicar en los próximos días.
Luis Vílchez recordó que en cualquiera de los casos, el diputado Pírela, a quien denunció de manera pública por adelantarse a los hechos, debe respetar lo consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho que tiene (Manuel Rosales) al debido proceso judicial como cualquier ciudadano.
El abogado indicó que a su defendido, ahora asilado político en Perú, no se le permitió en ningún momento encarar a la justicia venezolana, porque se le impidió presentar las pruebas que justifican la existencia de más de 147 mil bolívares fuertes que presuntamente, según las investigaciones hechas desde el año 2004, no pudieron ser comprobadas en la declaración jurada de bienes.
Cabe recordar que Manuel Rosales en compañía de sus representantes legales, acudió a la Contraloría de la AN, Fiscalía y Contraloría General de la República, pero no les permitieron entregar los libros contables para demostrar la procedencia del dinero obtenido a través de, los 30 años de actividad ganadera en el municipio zuliano de Colón, al Sur del Lago de Maracaibo. REGRESAR |
