Justo cuando se cumplen dos años del cierre de Radio Caracas Televisión, el Ejecutivo ha puesto en marcha una serie de medidas enfiladas a cobrarle también a Globovisión su línea editorial. Mayo de 2009 ha sido el período en que se han registrado la mayor cantidad de acusaciones contra el canal de noticias: aunque los organismos del Estado han buscado razones para sancionarlo desde 2003, a través de diversos procedimientos administrativos o tributarios, nunca se habían dado tantos ataques al mismo tiempo.
Andrés Cañizáles, miembro del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, cree que este es el momento más agudo que ha vivido el canal, en cuanto a las posibles sanciones institucionales. A su juicio, el gobierno está usando mecanismos indirectos para castigar la posición de la estación televisiva: 'Si algo se aprendió con el cierre de Radio Caracas Televisión, es que hay otras maneras para cercar a un medio de comunicación sin tantos costos políticos', indicó el investigador.
Carlos Correa, de la asociación civil Espacio Público (dedicada a promover la libertad de expresión), coincide con Cañizález en que el gobierno está hostigando muy duramente a Globovisión a través de los tres procedimientos que Conatel tiene abiertos contra el canal, utilizando la Ley Resorte.
ESPADA DE DAMÓCLES
El más reciente procedimiento se originó por el sismo de 5.4 grados ocurrido el pasado martes 5 de mayo en la madrugada. Alberto Federico Ravell divulgó información acerca de la intensidad del temblor, utilizando como fuente un servicio geológico de Estados Unidos. Al hacerlo, indicó que utilizaba datos foráneos porque el gobierno no asumía la responsabilidad de informar sobre este asunto.
Ese mismo día, la Asamblea Nacional exhortó a Conatel a que sancionara a Globovisión por suministrar información 'tendenciosa y descalificadora de los organismos públicos'. Dos días después, el ente regulador entregó un oficio al canal para informarle que se abriría un procedimiento sancionatorio, con el argumento de que las declaraciones de Ravell habrían generado 'temor, desconfianza, zozobra y pánico en la población' y que 'podrían ser contrarias a la nación y hacer apología del delito contra el Poder Público'.
Además de este procedimiento, están abiertos otros dos: uno por la declaración que hiciera Rafael Poleo en el programa ' Aló, Ciudadano' res- pecto a que Chávez acabaría como Benito Mussolini; y otro, por transmitir unas declaraciones de Salas Feo en las que se daba ganador en las elecciones regionales, antes del que el Consejo Nacional Electoral divulgara su boletín.
El director de Espacio Público recordó que si se aprueba una primera sanción las transmisiones del canal podrían ser suspendidas por 72 horas. Si se concreta una segunda sanción, podrían cerrarlo definitivamente. A su juicio, ninguno de los tres procedimientos tiene base sólida ni justa.
CHÁVEZ CONTRA EL 33
Correa recordó que el presidente Chávez y altos funcionarios del gobierno se han manifestado abiertamente en contra del canal, tal como sucedió contra RCTV en los días previos al cierre. Sin embargo, indicó que en aquella oportunidad no se abrieron procedimientos contra la emisora.
Tres días después de que Conatel empezara a investigar a Globovisión por el sismo, Hugo Chávez señaló en su programa 'Aló,Presidente' que 'hace poco hubo un temblor y vino un loco con un cañón a hablar, le digo que eso se va a acabar.' Once días después, el 21 de mayo, fue allanada una propiedad del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. El procedimiento, en el que participaron funcionarios del Seniat, Indepabis, efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, fue dirigido por el propio director del Cicpc, Wilmer Flores Trocell y no por un fiscal como manda la ley. 'Llama la atención todo el despliegue que hubo en ese caso, hayan o no razones, si se compara con todos los casos sin atender de corrupción en el país', opinó Cañizález.
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, denunció que los concesionarios de vehículos de Zuloaga simulaban ventas entre ellos y acusó al empresario de dirigir una 'organización mafiosa'. Según la parte defensora, no existen elementos de prueba que permitan afirmar que los 24 vehículos encontrados estaban siendo retenidos para luego venderlos a un precio mayor.
Chávez se dirigió el jueves pasado públicamente a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a la fiscal general Luisa Ortega Díaz para que actuaran contra el 'envenenamiento mediático'. También le recordó a Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas, que estaba esperando acciones por parte de Conatel, ente recientemente adscrito a su despacho. 'Allí se evidencia que el Presidente no tiene ningún recato en darle órdenes a poderes que se supone son independientes', opinó Cañizáles.
Ese mismo día, la fiscal Ortega informó a través de VTV que el Ministerio Público imputará a Zuloaga por el 'almacenamiento irregular de vehículos'. Además, el ministro El Aissami prohibió a los registros y notarías tramitar documentos relacionados con los medios radioeléctricos.
Mientras Cañizáles cree quepodrían cerrar Globovisión, temporalmente, Correa está a la expectativa. La gran pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Chávez en su empeño por gastigar a Globovisión. REGRESAR |
