Mientras en Venezuela 90% de los homicidios queda sin sanción, la justicia actúa por sospecha, considera el penalista Alberto Arteaga, al referirse a la cadena de acciones judiciales en contra del empresario Guillermo Zuloaga y el canal Globovisión, que calificó como una 'persecución' ordenada 'expresamente' por el Presidente de la república.
Al abogado le parece rara la frecuencia y la inconsistencia jurídica de los hechos.
El miércoles, en horas de la mañana, el presidente de Globovisión es imputado por el caso de los vehículos encontrados en una de sus propiedades; durante la tarde, el TSJ declara sin lugar el recurso de amparo introducido por ese canal en contra de la incautación de sus equipos; en la noche, la GN allana, por segunda vez, su residencia, con el objetivo de inspeccionar unos ejemplares disecados de la fauna silvestre. Ayer, muy temprano, funcionarios del Seniat, se presentan en el canal y le aplican una multa por 5 millones de bolívares fuertes, por la difusión de supuestos mensajes publicitarios no declarados.
Fanny Márquez, gerente del organismo tributario, dijo que la multa se debe 'no solamente por el impuesto omitido, sino la multa y los intereses moratorios', generado por unos espacios televisivos que 'donaron' durante el paro general de 2002 . El director de la emisora, Alberto Federico Ravell, afirmó que la sanción buscaría el cierre del medio 'Eso no es normal. Se está utilizando la justicia penal como instrumento de persecución política', consideró Arteaga.
El penalista rebatió las acciones contra de la planta televisora y Guillermo Zuloaga, y denunció en ellas un tinte político. 'La acusación de la usura genérica por el caso de los vehículos no procede en este caso. Está llena de ilegalidad y falta de fundamentos; es una acción concertada en contra del medio y la persona que lo representa', precisó.
Estimó que una investigación de ese tipo supone un proceso más cuidadoso. 'Zuloaga declaró que los vehículos estaban vendidos, y no hubo sobreprecio. No se puede catalogar el caso como un engorde de vehículos, no solo por que no es un delito tipificado, sino porque los carros ya estaban vendidos y tenían su destino'.
Al especialista le extraña que la imputación a Zuloaga fue emanada a la semana de que se descubrieran los vehículos, 'un tiempo muy corto para la presentación de un acto que suplía la atribución de hechos que pueden ser constitutivos de un delito. Ello confirma la intromisión indebida del Presidente'.
La amenaza penal. Miembros de la familia Zuloaga declararon que todas las piezas de animales que adornan la Quinta la Cerradura poseen su debida permisología, y que estas no fueron cazadas en Venezuela.
Arteaga corroboró: 'La actividad de caza fuera del país está exenta de pena. Luego, la amenaza de sanción penal se hace solo por la vía de sospecha, como sucede en el caso de los vehículos, y ambas acusaciones no proceden en un Estado de Derecho'.
El abogado penalista fue más allá: 'Como Zuloaga es representante de un medio de comunicación, hay más interés, ya que estas acciones se producen luego de la intervención del Presidente, quien emplazó a órganos supuestamente autónomos, como la Fiscalía y los tribunales. Atacar a Globovisión como lo han hecho es atacar a todos los medios, que están unidos por la premisa de la libertad de expresión. Aquí se utiliza la amenaza penal o las normas penales para reforzar la persecución contra la disidencia. Como van las cosas, negociar con cualquier vehículo podría ser declarado ilícito y tener un animal disecado será capaz de activar un aparato de persecución penal'.
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