A la Voz del Amo los servidores se pararon firmes, chocaron los tacones, saludaron con el grito de guerra ya proverbial y desataron todas las furias del Estado contra Globovisión. Fiscalía y Tribunal Supremo, que previamente habían convalidado el 'derecho' del presidente a regañar públicamente a sus máximos titulares, más Conatel, produjeron las brutales sanciones administrativas y pecuniarias dirigidas a aplastar, literalmente hablando, al canal noticioso.
¿Culminará todo esto en el cierre, temporal o definitivo, de Globovisión? ¿Está dispuesto Yo-El-Supremo a pagar el elevado costo político, interna y externamente, que implicaría una decisión de esta naturaleza? Ya veremos. Pero, puestos ya en plan especulativo, no sería extraño que la lentitud que venían mostrando los organismos encargados de aplicar las sanciones, obedezca a las dudas que en algunos círculos de su entorno pudiera estar suscitando la pertinencia de una medida como la de clausurar un canal televisivo, esta vez sin la más mínima cobertura o razón legal.
En el caso de 'Globo', cuya concesión vence en 2015, no existe, por lo mismo, ninguna apoyatura legal creíble para sacarla del aire. 'Razones' basadas en la Ley Resorte podrán ser tachadas siempre de subjetivas y de meras racionalizaciones del Poder para justificar una determinación arbitraria. En un país donde los fueros de la libertad de expresión se han consolidado a lo largo de medio siglo de vida democrática y en un continente donde en casi todos sus países han sido derogadas las llamadas 'leyes de desacato' (que en el nuestro denominamos de 'difamación e injuria', 'delito' todavía previsto en el Código Penal), no es fácil convencer a la opinión pública internacional de que la dureza crítica contra un gobierno, aún si fuere virulenta, constituye delito, para colmo, punible con la liquidación de medios de comunicación a través de los cuales se expresan aquellas posturas. REGRESAR |
