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La aprobación, en primera discusión, del proyecto de reforma a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ha generado ruido en el sector privado.
Es el caso de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), organización que expresó su preocupación en un documento enviado a esta redacción.
Una vez que se ha hecho público el contenido de la reforma, la cual contempla el control, por parte del Gobierno, de los arreglos a que lleguen propietarios e inquilinos en un posible proceso de compra-venta de inmuebles, Roberto Orta Martínez, vicepresidente de la institución, advirtió graves consecuencias para la propiedad privada urbana y para la mermada oferta de viviendas en alquiler.
El representante de Apiur resaltó que, pese al alcance de la modificación, la comisión especial encargada de investigar la problemática de inquilinato en el área metropolitana de Caracas no consultó la opinión de los distintos órganos del Estado y de la ciudadanía, como contempla la Constitución en el artículo 211.
Aseguró que en reunión realizada el pasado 9 de marzo, el diputado Juan Carlos Dugarte, quien preside la comisión parlamentaria, invitó a Apiur a participar en la mesa técnica donde se discutió la reforma. Pero la invitación nunca llegó.
Orta Martínez lamentó que, así como se dejó fuera a esta organización, también se obvió la existencia de las cámaras Inmobiliaria de Venezuela y de Bienes Raíces y de los abogados y jueces especializados en derecho inquilinario.
FALLAS DE FONDO
Cuestionó el proyecto, pues en su opinión éste contiene errores de técnica legislativa, de conceptos procesales (confunde embargo con secuestro preventivo), además de crear un "complicado y engorroso" proceso judicial para la resolución de los casos.
Teme que se genere la morosidad entre inquilinos al establecerse que las demandas de desalojo sólo procederán cuando el arrendatario haya dejado de pagar cuatro mensualidades consecutivas.
A ello suma la extensión de 12 meses del plazo para la entrega material del inmueble, en el caso de los demorados juicios por desalojo.
El representante de Apiur advierte que la posibilidad de interponer recursos de casación en el Tribunal Supremo, contra las decisiones de la Segunda Instancia en procesos de desalojo podría saturar al máximo tribunal del país con juicios de pequeña cuantía provenientes de todo el país y generar retardo procesal REGRESAR |
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