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La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sustancia desde hace tres meses los expedientes contra seis gobernadores aliados del Gobierno: Ramón Martínez, de Sucre; y Didalco Bolívar, de Aragua -ambos de Podemos; Liborio Guarulla, de Amazonas, dirigente de PPT; Carlos Giménez, de Yaracuy; José Gregorio Briceño, de Monagas; y Antonia Muñoz, de Portuguesa.
A Martínez se le investiga por la construcción de la autopista de Oriente, la cría del pargo dientón y la compra supuestamente irregular de maquinaria para las empresas Salinas de Araya (Sacosal); y a Bolívar por la presunta adjudicación de obras sin licitación.
"Sólo el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, tiene esta atribución, siempre que esté sustentada; así que se hizo una analogía que es ilegal. Aún no se ha determinado la responsabilidad política, pero las investigaciones indicarán si hay méritos", señaló José Ernesto Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Entes Descentralizados, que efectúa las averiguaciones.
La Comisión de Contraloría viajará a Cumaná y a Maracay para precisar algunos datos y citará a los mandatarios regionales. En oriente supervisará las instalaciones de Sacosal, en la península de Araya. "Allí se adquirió una maquinaria moderna que no se usó; la empresa funciona con un equipo que se instaló en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Las instalaciones parecen un pueblo devastado de Irak", indicó Rodríguez.
Las denuncias de Monagas y Portuguesa son revisadas.
En el caso de Briceño, acerca de contratación de obras; y en el de Muñoz, por el supuesto desvío de 350 millardos de bolívares.
Liborio Guarulla, de Amazonas, debe responder por presuntas anormalidades encontradas en 25 proyectos en ese estado por un monto de 4 millardos de bolívares, entre ellos la compra de 2 plantas eléctricas para Atabapo que supuestamente eran reconstruidas.
El gobernador yaracuyano Carlos Jiménez, que pasó de Podemos al PSUV, se enteró menos de un mes después que la Comisión de Contraloría del Parlamento indaga sobre por lo menos seis presuntas irregularidades en su gestión, entre ellas adquisición directa de 10 unidades de transporte publico sin licitación. El contrato se le dio a la empresa VAES Inversiones, cuyo capital es de 176 millones de bolívares, según el Registro Nacional de Contratistas. El dinero estuvo depositado 7 meses en cuentas de la gobernación, que posteriormente emitió un decreto de emergencia. "No hubo desastre natural ni calamidad que justificara este caso", se señala en un informe legislativo.
Giménez fue el 2 de mayo a Contraloría: "Son denuncias sin fundamento". REGRESAR |
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