|
|
|
Las nuevas leyes y normas laborales afectarán la productividad de las pequeñas y medianas empresas, que tendrán que asumir costos más altos para la contratación y despido de personal, advierte el abogado Alejandro Disilvestro.
Explicó que el proyecto de estabilidad laboral, propone que el trabajador sólo puede ser despedido si ha cometido alguna falta que la Ley Orgánica del Trabajo reconozca como suficiente para dar por terminada justificadamente la relación. En este caso, añadió, el patrono tiene que solicitar antes la autorización del inspector del trabajo para despedir, trámite que puede demorar años y generar un ambiente en la empresa.
"En un entorno de pequeñas y medianas empresas, como es el caso de Venezuela, esta limitante representa, sin duda alguna, un importante obstáculo para adaptarse a las nuevas realidades.
Enfrentar esos trámites hace que los patronos incurran en mayores costos, por tener que contar con los servicios de profesionales para atender los casos ante las inspectorías del trabajo y continuar manteniendo la relación con un empleado que está en conflicto con la compañía, lo cual compromete la productividad", añadió el especialista en Derecho Laboral.
Ante estas trabas –y para evitar que el proceso se estanque– es muy común que el patrono negocie con el trabajador una salida más rápida, que en la mayoría de los casos representa un costo mayor del que establece la ley.
Acerca de la reducción del período de prueba de 3 meses a 30 días, Disilvestro indicó que esa medida reduce la capacidad de generación de nuevos empleos, porque se incorpora un factor de tensión debido a la necesidad de solicitar autorización al inspector del trabajo para terminar la relación de trabajo un mes después de la contratación.
"La mayor causa del encarecimiento de los costos para el patrono que comportaría la publicación de la ley de estabilidad y la reducción del período de prueba estaría concentrada en la dificultad que tendría éste para adecuar la nómina de empleados a los niveles de negocios (reducciones) de la empresa, y a la falta de respuesta oportuna de las inspectorías del trabajo para autorizar el despido en aquellos casos en que éste resulta evidente; por ejemplo, la inasistencia injustificada al trabajo por 3 o más días en un período de 30 días", señaló.
Medida cuestionada.
Manifestó que la intención del Gobierno de reducir a partir de 2010 la semana laboral a 36 horas, con el argumento de que ello abriría nuevas fuentes de empleo, es cuestionable. Añadió que la contratación de un empleado se ha convertido en un asunto complejo, debido a las notificaciones y registros que deben hacerse (seguridad social y solvencias laborales, entre otros), por lo cual los patronos no ven la solución en la contratación de nuevo personal sino en la optimización de los procesos tecnológicos.
"La verdadera generación de nuevos empleos debe darse en un clima y entorno que propicie las inversiones privadas, y las tesis de reducción de la semana laboral como factor de generación de empleo han sido abandonadas ya por otros países desarrollados", afirmó Disilvestro. REGRESAR |
| Fecha publicada: 07/05/2007
Fuente: El Nacional
Tema: leyes
|
*** noticias no disponibles *** |
|
