No son cuentas oficiales. Se trata de un cálculo que hizo un grupo de abogados expertos en materia de expropiaciones para una investigación particular. Los especialistas contabilizan que, hasta ahora, 165 empresas privadas han sido tomadas, parcial o totalmente, por el Gobierno desde el año 2005.
El grueso de estas compañías permanece en poder del Estado. 148, para ser más específicos, han sido expropiadas. Otras 17, han quedado bajo la administración, temporal o definitiva, del Ejecutivo.
Siempre -o casi siempre- se habló de expropiación por utilidad pública o interés social. Recientemente, la justificación ha sido el carácter estratégico para la República de tal o cual empresa. Para especialistas en el tema, como el abogado Antonio Canova, estas medidas son simplemente vías de hecho que demuestran que hay un poder subyacente en este tipo de actuaciones.
Los grupos afectados
Las medidas han sido ejecutadas en diversas áreas y de muchas maneras. Canova, junto con Luis Alfonso Herrera y Karina Anzola, las agrupan de acuerdo con el reconocimiento o no de la propiedad del empresario sobre el bien tomado. En el libro que los tres especialistas realizaron, denominado ¿Expropiaciones o vías de hecho?, se especifica que son más de 25 los privados que han sido afectados por la toma de tierras a raíz del desconocimiento de la condición de propietarios por parte de la administración pública. En este lote entran ha- tos y fincas por las que, en su mayoría, el Estado no ha pagado las indemnizaciones correspondientes.
En otro grupo se encuentran los casos de las apropiaciones forzosas de empresas de propiedad privada, para las cuales el Ejecutivo ha utilizado la potestad expropiatoria. Según los expertos, la cuenta pasa las 130 compañías que ahora son del Estado tras esta acción.
Están incluidas desde grandes corporaciones tipo Sidor y Cemex, los centrales azucareros, productoras de alimentos, inmuebles en el Área Metropolitana de Caracas, los íconos Invepal e Inveval, hasta las contratistas que prestaban servicios a Pdvsa en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.
Los factores a analizar
Son numerosos los argumentos que da el jurista para aseverar que las expropiaciones y/o intervenciones han sido inconstitucionales. Sin embargo, los resume de una forma clara: 'todas las expropiaciones, que efectivamente no pueden ser calificadas como tal, sino como vías de hecho, son inconstitucionales. Lo son porque no cumplen con todas o con alguna de las garantías expropiatorias previstas en la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública y en la Constitución Nacional'.
Canova refresca estas garantías, las cuales a su juicio, debieron estar contempladas -y ser cumplidas- en cada una de las acciones que ha emprendido el Gobierno.
'En la mayoría de los casos no se ha expropiado por una verdadera causa de utilidad pública. En la acción no ha participado un tribunal que sentencie que efectivamente se trata de un interés social. No se han hecho análisis serios y profundos para realizar las intervenciones. Los tribunales no han determinado el justo valor de los bienes y el Gobierno tampoco ha cancelado las indemnizaciones correspondientes', refiere.
En estos grupos no están incluidas las nacionalizaciones de grandes empresas como Cantv, Electricidad de Caracas o Banco de Venezuela, por las cuales el Ejecutivo ha desembolsado montos acordados previamente.
Canova reflexiona: '¿por qué hay tantas apropiaciones forzosas y no ha pasado nada?'. Responde: 'contra el Estado nadie gana. No hay independencia de poderes y no existen tribunales que hagan cumplir las garantías constitucionales'.
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María Gabriela Aguzzi V.
EL UNIVERSAL
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