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La cementera suiza Holcim Ltd y la francesa Lafarge negaron ayer viernes que hayan llegado a un acuerdo de pago con el Gobierno venezolano por sus filiales locales que fueron nacionalizadas el año pasado.
El anuncio de ambas empresas se da en respuesta a la declaración que realizó en la víspera el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, quien dijo a la agencia estatal de noticias que el Gobierno aprobó 378,43 millones de dólares para el pago del 40% del capital accionario de las filiales venezolanas de Holcim Ltd y Lafarge.
'El Estado venezolano con este pago toma posesión de estas empresas de manera formal', señaló Cabello al explicar que el gobierno tiene 'cuatro años' para cancelar el resto de la deuda 'sin intereses', según reseñó la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Holcim Ltd dijo ayer viernes en un comunicado que no ha recibido una oferta de compensación que sea 'aceptable desde el punto de vista legal y financiero'.
La empresa indicó que continuará con el proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un brazo autónomo del Banco Mundial, donde espera lograr una compensación total.
Asimismo, una portavoz de Lafarge dijo a la AP que la cementera todavía está en conversaciones con las autoridades venezolanas, y que no se han dado indicaciones de cuándo se pagará. La vocera pidió no ser identificada debido a que no está autorizada por políticas de la empresa.
En agosto del año pasado Lafarge aceptó venderle al Gobierno 89% del paquete accionario de su filial venezolana por 267 millones de dólares, y Holcim Ltd aprobó transferir 85% de las acciones de su cementera por 552 millones de dólares.
Luego de siete meses sin recibir respuesta de pago, la cementera suiza acudió en marzo pasado al arbitraje internacional para lograr la indemnización por sus activos en Venezuela.
Cabello dijo el jueves que en el caso de la filial local de la cementera mexicana Cemex no ha sido posible concretar una negociación debido a que la empresa fue 'abandonada y desmantelada', precisó ABN.
Cemex rechazó inicialmente la estatización de sus activos locales, pero luego accedió a entregarlos al Estado. La cementera mexicana interpuso el año pasado una demanda contra el Gobierno venezolano ante el centro de arbitrajes del Banco Mundial.
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