Se ordena a la empresa Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), S.A., proceder de inmediato a la ocupación de todos los espacios e infraestructura portuaria, en la cual se llevan a cabo las operaciones relacionadas con los almacenes, silos y patios, ubicados en los puertos públicos. Igual atribución tendrá la empresa Puertos del Litoral (PLC) S.A., en los almacenes y patios ubicados en el puerto de La Guaira'.
Este mandato, previsto en el artículo 2 de la resolución del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial N°39.231 (30 de julio de 2009), comenzó a cumplirse ayer después de las dos de la tarde, ante la mirada ya resignada de los dueños de las empresas privadas que, según aseguran fuentes del sector consultadas, ya conocían que la toma se materializaría más temprano que tarde.
La ocupación se inició con la compañía de oficiales de la Guardia Nacional, según señalaron empresarios de la dependencia de Puerto Cabello, quienes denunciaron que los castrenses estaban fuertemente armados al momento de la intervención estatal.
'Eso no era innecesario, parecía armamento de guerra', aseveró el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Antonio Landaeta.
Vale destacar que en la propia resolución se destaca que, tras la revisión que hizo el despacho liderado por Diosdado Cabello (prevista en la Resolución N°112 del 10 de junio), en estos espacios 'se advirtieron serias deficiencias producidas por la falta de mantenimiento y conservación de dichas áreas, así como la existencia de una injusta y desequilibrada distribución de los recursos generados por la prestación del servicio de almacenamiento portuario'.
Es por esto que la cartera de Obras Públicas y Vivienda consideró que 'existen suficientes razones de orden público, estratégicas, económicas, de seguridad, salubridad y seguridad alimentaria, que obligan la intervención del Estado en la administración y manejo directo de los almacenes'.
El proceso y lo que viene
La resolución es clara. Dice que 'todas las empresas... deberán hacer entrega inmediata y sin dilación alguna de dichos espacios...'. Mientras tanto, los dueños de 33 empresas en La Guaira y 34 en Puerto Cabello siguen preguntándose qué sucederá con las inversiones en maquinaria y equipos que han hecho a lo largo de los años. En este sentido, la misma medida también es específica. Prevé que en aras de proteger el interés general y la continuidad de la actividad del comercio internacional, tanto Bolipuertos como PLC deberán tomar las acciones necesarias para que ambos postulados se cumplan.
Por esto, el Estado está ofreciendo a los propietarios de los almacenes la posibilidad de comprar o alquilar algunos de los bienes utilizados en esta operación portuaria. Sin embargo, en la resolución se hace una salvedad: 'En caso de no llegarse a un acuerdo... quedará abierta la posibilidad de acudir al trámite expropiatorio de conformidad con lo previsto en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social'.
Tanto Landaeta como Ronald Rivas, presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, esperan que las negociaciones entre las empresas estatales y los dueños de las almacenadoras se den sin problema alguno. 'Hay empresarios que todavía están cancelando los equipos, que pueden llegar a costar hasta 1.000.000 de dólares', dijo el representante de la dependencia de Puerto Cabello.
Landaeta denunció que con la materialización de esta medida la actividad portuaria venezolana está retrocediendo no menos de 20 años. Reiteró en este sentido que, aunque en un corto plazo no se percibirán los efectos de centralizar las operaciones portuarias, en el mediano y largo plazos los procesos de importación y exportación se harán más engorrosos y por ende más costosos'.
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