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Anulan fallo que lo absolvió por lo ocurrido ante la embajada cubana
Por tercera vez en menos de un año, el alcalde del municipio Baruta, Henrique Capriles Radonski, deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por su actuación el 12 de abril de 2002 frente a la Embajada de Cuba.
La razón, la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas admitió el recurso que los fiscales Pedro Celestino Ramírez y Norka Amundaray interpusieron contra la decisión de la entonces jueza 17 de Juicio de la capital, Auristela Salazar de Maldonado, que lo absolvió; y ordenó la celebración de un nuevo proceso.
El dictamen de las magistradas Ana Villavicencio, Zinnia Briceño y Liliana Vaudo implica que el mandatario local será enjuiciado por los seis delitos que le achacó la Fiscalía General de la República (intimidación pública, privación ilegítima de la libertad, violencia privada, quebrantamiento de principios internacionales, daños a la propiedad privada y violación de domicilio por parte de funcionario público).
En su escrito, Ramírez y Amundaray acusaron a la hoy ex jueza Salazar de violarle sus derechos constitucionales por no haberle permitido presentar unas pruebas durante el juicio que se desarrolló a finales de 2006, de dictar una resolución sin fundamento y de incurrir en una mala interpretación del Derecho.
La reacción de Capriles no se hizo esperar y en horas de la noche de ayer ofreció una rueda de prensa, desde de la sede del ayuntamiento baruteño, en la que acusó a los integrantes de la Corte de Apelaciones de continuar "la persecución política" en su contra.
Haciendo memoria
En 2006, más de cuatro años después de ocurridos los hechos ante la legación diplomática, se inició el proceso contra Capriles. Sin embargo, éste no avanzó mucho, pues a las semanas fue anulado debido a que el Ministerio Público objetó que se desecharan tres de los seis delitos que le endosó al mandatario local.
A mediados de noviembre, un segundo proceso arrancó. Luego de cinco sesiones, la entonces jueza Salazar lo libró de toda culpa, por considerar que los fiscales no demostraron que el alcalde intentó allanar la embajada.
Por el contrario, constató que el ingreso de Capriles a la sede diplomática le fue facilitado por el personal que allí laboraba, que trató de mediar con los manifestantes que la mantenían cercada y que fue la única autoridad que se preocupó por lo que ocurría allí.
Por último, cuestionó la labor de la Fiscalía, pues fue incapaz de determinar quiénes fueron los responsables de los destrozos que se produjeron ese día. REGRESAR |
| Fecha publicada: 09/05/2007
Fuente: El Universal
Tema: politica
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