Antes de aconsejar a las empresas ¿Cómo presupuestar para 2010?, idea central del evento de Venamcham realizado el jueves, su presidente, Edward Jardine, puso en contexto a los presentes: de las 26 empresas afiliadas a la cámara e intervenidas por el Estado, solo seis han recibido indemnización, tal y como lo establece la Constitución Nacional.
Hasta el momento, únicamente se ha cancelado cerca de un tercio de la deuda total, estimada por el gerente general de Venamcham, Carlos Tejera, en unos $10.000 millones, en los que se incluyen el valor de las compañías, juicios y compensaciones.
Sidor, Cantv, Electricidad de Caracas y Banco de Venezuela son cuatro de las seis compañías indemnizadas.
'Las otras 20 están guindando, en espera de una negociación o en procesos de arbitraje internacional, pero tomadas por funcionarios gubernamentales', según comentó Tejera.
Así se encuentran los casos de las empresas Williams, Conoco Phillips, Exxon Mobil y otras más contratadas por Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
'La suma es alta. Por ejemplo, la corporación Williams (que es compresora de gas) tiene activos que ascienden a $600 millones. A esto se suman otros $250 millones en facturas', explicó Tejera.
¿Rol de las privadas? Este panorama lleva a Jardine a hacer un llamado al Ejecutivo nacional para que aclare cuál sería el rol de las empresas privadas en el futuro del país.
'¿Tenemos un rol?', se preguntó Jardine. '¿Cuál es el mensaje del Gobierno nacional al cuestionar, por razones ideológicas, la repatriación de dividendos que genera el capital?'.
Agregó que la inversión extranjera ha 'caído a cero' en los últimos años. Esto hace concluir a Jardine que aún hace falta un ingrediente fundamental para activar el aparato productivo nacional: la confianza.
'Sin esto, la gente no va a querer invertir. La Ley de Tierras Urbanas ataca la propiedad privada, y los borradores que hemos visto de la Ley de Propiedad Social también. Si el Gobierno no tranquiliza en estos aspectos al sector privado, no habrá confianza', explicó el directivo de Venamcham.
Jardine agregó que el sector privado, y particularmente las empresas afiliadas a la cámara, quieren trabajar con el sector público para 'echar el país hacia adelante. Pero nuestros esfuerzos no han sido escuchados'.
Riesgos en puerta A la luz de este panorama también se analizó la convivencia de las empresas privadas en la economía socialista. El abogado José Ignacio Hernández, que expuso sus conclusiones sobre la Ley de Propiedad Social, cree que el Estado no transformará la empresa privada a la modalidad social.
Más bien, piensa que esta podría originarse de dos formas: desde la propiedad pública, a través de la incorporación de las comunidades en la operación de las instituciones. O a partir de la expropiación de corporaciones, cuando se considere que las organizaciones no 'cumplen con la función social'.
Este último sería uno de los riesgos a los que podría enfrentarse el sector privado de ser aprobado el texto legal.
De su análisis se desprende que las compañías privadas podrían ser utilizadas para apalancar la actividad de las empresas de producción social (EPS).
'Podrían ser obligadas a contratar los servicios de las EPS, para impulsar sus procesos productivos. Incluso, podrían ser constreñidas a asumir la figura de promotoras de la economía socialista, es decir, las que fomentan las EPS', aseveró Hernández.
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