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Venezuela carece de un marco legal que regule la libertad de cultos. Para que cualquier ciudadano invente un movimiento religioso y lo legalice ante el gobierno, sólo tiene que cumplir con un par de requisitos establecidos en un protocolo de la Dirección de Cultos del Ministerio de Relaciones Interiores, disponible sólo en Internet y nunca publicado en la Gaceta Oficial.
La Asamblea Nacional lleva más de cuatro años analizando un proyecto de ley de cultos que llene ese vacío y le otorgue al Estado herramientas para fiscalizar las manifestaciones religiosas que conviven en el país. El debate ya está en la última fase: los miembros de la Comisión de Política Interior piensan abrir en menos de un mes la consulta pública y presentar el texto definitivo en la Plenaria durante el segundo período de sesiones de este año (entre octubre y diciembre), para así contar con el nuevo instrumento legal a principios de 2008.
Esa es la oferta del diputado Juan José Marín, miembro de la subcomisión de cultos y encargado del proyecto. "Nuestro objetivo es garantizar la igualdad de todas las creencias ante el Estado. Pero, al mismo tiempo, tenemos que imponer ciertas restricciones para proteger a los ciudadanos de los grupos que atenten contra los valores nacionales, el núcleo familiar, la pluralidad religiosa y las tradiciones culturales".
Marín no conoce a fondo la prédica y las prácticas del grupo Creciendo en Gracia (un movimiento con base en Miami y dirigido por el millonario puertorriqueño José de Jesús Miranda, autoproclamado Anticristo y que tiene sedes en 17 ciudades de Venezuela). La poca información que posee, sin embargo, le genera mucha desconfianza: "Cuando se presenta un grupo como éste, con una fachada religiosa, pero que tiene por detrás una organización que mueve mucho dinero, deben prenderse las alarmas del Estado. Las religiones deben ofrecer un mensaje de confort espiritual, más allá de lo material. La fe no es un artículo que se pueda comercializar. Debemos dotar al Estado de herramientas para poder detectar estos grupos y fiscalizar sus actividades".
Aunque reconoce que en el proyecto todavía no hay ninguna propuesta concreta para controlar a este tipo de grupos, explica que los miembros de la comisión manejan algunas ideas que someterán a consulta pública en las próximas semanas. "No debe ser sólo el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Interiores, el que ejerza el control de los cultos.
Las comunidades deben participar en esta iniciativa en un esquema de contraloría social de cultos. No tenemos definido el mecanismo, pero es necesario crear esa instancia para hacer más eficaz la acción del Estado".
Representantes de las iglesias católica y evangélica de Venezuela reconocen que es necesario llenar el vacío legal para regular la libertad de cultos, pero esperan que los diputados los llamen a consultas. El subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, Aldo Fonti, y el presidente del Consejo Evangélico de Venezuela, Samuel Olson, coinciden en abrir un diálogo ecuménico entre las principales religiones históricas para producir un texto de consenso, que no atente contra la libertad de asociación religiosa. REGRESAR |
| Fecha publicada: 21/05/2007
Fuente: El Nacional
Tema: gobierno
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