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Cuatro comisiones especiales ha aprobado el Parlamento desde que inició el año pero una sola ha terminado hasta ahora su misión.
Como un legado del año pasado figura la Comisión contra el Crimen y la Violencia. Otra, que está paralizada es la que investiga a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y una última, avanza al mismo ritmo que se aprueba un proyecto de ley sobre la problemática de inquilinato en Caracas. De todos los equipos sólo uno cumplió su tarea: la evaluación de méritos de los candidatos a integrar el directorio del Banco Central de Venezuela.
La Comisión contra el Crimen y la Violencia se aprobó el 14 de julio de 2006, presidida por el diputada Ismael García. En ella se incluyeron cuatro líneas estratégicas:
la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, Código Penal, Código de Ética Policial, del Abogado y del Juez, así como la creación de la Ley de Policía Nacional. También se planteó la reestructuración de la Fiscalía General de la República, Cicpc y una Ley de Testigo, Antisecuestro y Extorsión.
Hasta ahora apenas se está discutiendo la Ley de Policía Nacional en el seno de la Comisión de Política Interior. El resto de los objetivos se han quedado paralizados.
Incluso se dijo a mediados del año pasado en la AN que se crearía un Observatorio del Crimen, pero nunca fue ejecutado.
Este año se renovó la comisión en el Parlamento, y en el mes de abril la directiva le dio una prórroga de 90 días para que sus miembros entreguen el respectivo informe.
Por su parte la comisión que investiga a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, coordinado por el diputado Roberto Hernández, sólo tiene información y expedientes. Sin embargo, los parlamentarios no se reúnen desde hace un mes, a pesar que manifestaron su indignación por supuestas las usurpaciones de la Sala Constitucional en las tareas del Parlamento.
VIGILANCIA ALQUILADA
Otra de las comisiones creadas este año es la que preside el parlamentario Juan Carlos Dugarte, para investigar los problemas que han acarreado los alquileres en Caracas.
El mes pasado la comisión adelantó en primera discusión un proyecto (Ley de Arrendamientos Inmobiliarios) que obligará a los inquilinos y propietarios a dar cuenta de sus contratos y a obtener el visto bueno al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Con la aprobación de esta ley se culminará con los desalojos de los alquilados, sin razón previa y que puedan tener, legalmente, preferencia en caso de venta del inmueble. REGRESAR |
| Fecha publicada: 21/05/2007
Fuente: TalCual
Tema: gobierno
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