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La empresa del cuñado del ex alcalde tuvo que devolver dinero al municipio Sucre. Aunque lejos de los medios, José Vicente Rangel Ávalos y su Gabinete tienen cuentas en la Contraloría
José Vicente Rangel Ávalos no ha pasado liso. Ningún organismo formaliza denuncias directamente en su contra. En todas las instituciones del Poder Ciudadano niegan o se cuidan de confirmar cualquier causa que pruebe alguna investigación en contra del hijo del ex vicepresidente José Vicente Rangel. Pero a pesar del silencio oficial, la administración del ex alcalde de Sucre tiene cuentas pendientes con la justicia.
Aunque guardada hasta ahora en estricta confidencialidad, la Contraloría General de la República solicitó a su ente municipal, a través de un oficio, una investigación que precise casos que salpican contra la figura de Rangel Ávalos.
Según el expediente DSOU-AUD-007-09 de la Contraloría del municipio Sucre, la Alcaldía pagó hasta dos veces algunas de las partidas destinadas a levantar un complejo habitacional perdido entre los cerros de Petare. Y la empresa beneficiada fue nada más y nada menos que Proyectos y Obras Maga, cuyo registro mercantil indica que entre sus accionistas estuvo el cuñado del propio Rangel Ávalos: Oswaldo Antonio Chacón Pérez.
La investigación que está en curso enumera una lista de más de 10 irregularidades que, además de saltar pasos fundamentales como el de abrir una licitación, advierten que los cuatro edificios construidos ya existían para el momento en que se llamó a levantar el último de ellos. En fin, tras los documentos legales y archivos que reposan en la Contraloría de Sucre, hay una historia llena de casualidades en la que el cuñado del alcalde cobró por una obra que ya estaba en pie en el sector La Ciruelita, de Petare.
"Considerando las declaraciones dadas por los residentes (&) se infiere que en el sector no se han realizado trabajos (&) desde el año 2005", sostiene el informe de la Contraloría. Pero si el testimonio de los afectados no es suficiente, la memoria fotográfica y el diario de avance de la obra demuestran que, tres años antes, otra empresa ya había ejecutado el contrato que Proyectos y Obras Maga cobró por adelantado en agosto de 2008, tres meses antes de que el Partido Socialista Unido de Venezuela perdiera las elecciones municipales.
Viejas denuncias
El caso de La Ciruelita salta a la vista porque se trata de uno de los proyectos bandera de Rangel Ávalos. El terreno sobre el que hoy descansan cuatro inmuebles inconclusos, sin friso, electricidad y servicio de agua potable, prometía espacio para una docena de edificios que planteaban demostrar que los ranchos maltrechos de Caracas pueden convertirse en condominios administrados por las mismas comunidades.
El sueño duró poco. No pasó de folletos y planos, como muchas otras de las más de 360 obras y servicios que el gobierno de Rangel Ávalos adjudicó a un tinglado de cinco empresas con domicilios, gerentes y accionistas comunes, entre los que destaca el cuñado del ex alcalde.
Hace casi un año que esta historia salió a la calle. No es nuevo advertir que, cuando el dólar oficial estaba a 1.920 y 2.150 bolívares de los de antes, un pool de empresas consentidas por Rangel Ávalos y su administración se llevó más de 87 millardos, destinados a levantar obras aplazadas, como el mercado de buhoneros de Petare y la tantas veces prometida nueva sede del Hospital Pérez de León.
A partir del 22 de marzo del año pasado apareció en la prensa una serie de documentos que dieron pruebas sobre nexos entre las empresas, que se llevaron los contratos más jugosos del municipio Sucre. Proyectos y Obras Maga, Construcciones Chat 5000 y JJ1162 guardan nexos con Representaciones Convega y Obras y Proyectos Milenium 2000, cuyo domicilio queda, según la base de datos del Seniat, exactamente en el mismo local del Centro de Seguros La Paz, donde despachaba la diseñadora de modas y ex primera dama del municipio, Gabriela Rosa Chacón Pérez.
Mutis oficial
Todo quedó en familia. Es algo fácil de comprobar tras un cruce de información pública que reposa en el Seniat, el Servicio Nacional de Contratistas, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa y el Registro Mercantil Quinto de Caracas, dirigido para ese momento por la hermana del ex alcalde, Gisela Rangel Ávalos.
La Contraloría General de la República, sin embargo, no ha dicho nada. En la institución que dirige Clodosbaldo Russián no ha habido forma de precisar a dónde fueron a parar las denuncias contra Rangel Ávalos, que desde el año pasado empezaron a rodar en El Universal y otros medios de comunicación.
El capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad reconoció la semana pasada los trabajos que publicaron la noticia, pero en el departamento de prensa de la Contraloría explican que una investigación periodística no es suficiente para abrir un expediente. Sus voceros advierten, de cualquier manera, que las denuncias que luego presentó el alcalde Carlos Ocariz tampoco bastaron para voltear la mirada a Rangel Ávalos y las irregularidades que dejó su administración.
Clan familiar
Para que quedara constancia del momento en que consignó 14 cajas llenas de acusaciones contra la administración de su antecesor, Ocariz convocó a la prensa el pasado 29 de abril a la sede de la Contraloría. Allí denunció que la Alcaldía dio anticipos por 343 obras, que ni siquiera habían sido iniciadas.
Presentó comunicaciones enviadas por el ministro para la Vivienda y Hábitat de ese momento, en las que solicita explicaciones a Rangel Ávalos sobre un plan de sustitución de ranchos en el que se evaporaron 6,4 millardos de bolívares y, finalmente, dijo que hubo 54 millardos de los de antes -casi 60% del presupuesto que el municipio destinó al sector Vivienda- otorgados a "cuatro empresas que aparentemente pertenecían a un mismo clan familiar".
"Esta investigación se hizo sin connotaciones políticas; esperamos que de igual manera la Contraloría nos diga qué pasó con esos recursos de Sucre", concluyó entonces. En el despacho de Russián, de cualquier modo, aún no se han dado por enterados. Al menos oficialmente. Sus voceros declararon esta semana que las cajas de Ocariz no pasaron de presentar fotocopias de los libros que consignó la administración de Rangel Ávalos, al momento de hacer acto de entrega de la Alcaldía.
Dicen y hacen
Hay diferencias, sin embargo, entre lo que dice y hace la Contraloría. No queda claro cuál es la música que bailan puertas adentro, pero lo cierto es que el organismo que dirige Clodosbaldo Russián solicitó una actuación especial al órgano de control fiscal de Sucre, mediante el oficio 07-02-1675 del 9 de octubre de 2009, para evaluar las actividades técnicas, administrativas y financieras relacionadas con la contratación y ejecución de los cuatro edificios que se levantaron en la parte alta de La Ciruelita, de Petare.
El alcalde Carlos Ocariz señala que hasta el día de hoy la Contraloría no ha respondido a sus denuncias. El Ministerio Público, por el contrario, dio señales de vida: desde julio del año pasado ha enviado algunos oficios y respuestas en los que aseguran que investigan contratos inconclusos y construcciones de muros, calles y colectores que no terminaron de concretarse.
El silencio, de cualquier modo, es extensivo para ese organismo. La respuesta oficial de la Fiscalía General de la República es que no pueden dar detalles a la prensa de ninguno de esos casos; sus voceros argumentan que no son procesos públicos.
Devolvieron dinero
De lo único que puede darse fe es que algunos de los daños han sido resarcidos. Ocariz asegura que obligaron a una de las empresas morosas a terminar la cancha deportiva que se había comprometido a ejecutar en la Escuela Rómulo Gallegos, de Campo Rico. Pero además, la empresa del cuñado de Rangel Ávalos tuvo que devolver dinero.
Los cheques números 39241477 y 39241479 del fracasado Central Banco Universal suman 846.468,41 bolívares fuertes, que en julio volvieron a las cuentas de la Alcaldía de Sucre, para terminar la construcción que Proyectos y Obras Maga nunca concretó en La Ciruelita.
Aunque devaluados, la nueva administración anuncia que sirven para terminar el cuarto de los 12 edificios que se proyectaron en la zona, así como para proveer de servicios públicos y construir un verdadero puente, que borre el trapecio sin barandas que hay que atravesar, desde un piso 3, para entrar o salir de cualquiera de los apartamentos.
En el limbo
Muchas de las obras del gobierno de Rangel Ávalos quedaron en el limbo. El albergue para niños en situación de riesgo, que construyeron en la parroquia Mariches, pasó en comodato a la ex primera dama, Gabriela Chacón, y en año y medio solo ha abierto sus instalaciones para dar actividades como tareas dirigidas a los hijos de los vecinos.
Agazapada entre los cerros que serpentea la carretera Petare-Santa Lucía, la casa de abrigo aún carece del bullicio de los niños en situación de calle, que inspiraron a Rangel Ávalos y su Gabinete a destinar más de 10 millones de dólares para atender a infantes con problemas como adicción a las drogas.
Hace un año que en la Fundación Forjando Futuro, de Gabriela Chacón, declararon que pronto estrenarían las cabañas construidas para niños en situación de riesgo. Esta semana, sin embargo, no quisieron abrir los portones para volver a explicar por qué una obra de 22 millardos de bolívares no está operativa. REGRESAR |
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