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Alquilar un apartamento en estos momentos no es tarea fácil. En el país, son las personas de la tercera edad y los jubilados quienes viven del alquiler de viviendas.
Pero las condiciones que establece la Ley para estas negociaciones no les garantizan seguridad a los propietarios. A esto se suma el decreto de congelación de precios, que lleva ya cuatro años y ha generado pérdidas representativas a los dueños de inmuebles debido al aumento de los servicios públicos.
Este cuadro lo pinta con preocupación el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Luis Emilio Vegas, quien sin embargo saluda con optimismo las sesiones de consulta que ha tenido con la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado José Albornoz, sobre el proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
"El ambiente ha sido de receptividad.
Hemos hablado de algunas distorsiones que a nuestro juicio están contenidas en el proyecto.
Y el presidente de la Comisión aceptó que este es un proceso que apenas comienza, y que la ley debía ser revisada y ajustada".
Luis Emilio Vegas expresó que los representantes de la Cámara Inmobiliaria han hecho saber su preocupación porque, tal como fue aprobada la reforma parcial durante la primera sesión legislativa, se corre el riesgo de que sea socavado el mercado de los alquileres.
Dijo que una de las propuestas del organismo que preside consiste en la conversión de inmuebles arrendados bajo el régimen de propiedad horizontal, lo cual facilitaría el acceso al crédito a sus ocupantes.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria comenta que la Asamblea Nacional parece tener mayor inquietud por la protección de los inquilinos, olvidando que ésta es una negociación que necesita no sólo de la demanda sino de la oferta.
Vegas destaca que varios estudios realizados por organismos oficiales han determinado que en Venezuela hay un déficit habitacional cercano a un millón 800 mil viviendas, y que un millón 100 mil viviendas adicionales necesitan ser reparadas.
"Es un déficit enorme que, a este ritmo, llevaría aproximadamente 30 años en resolver". Además, asegura que los precios de alquileres se han reducido apenas 5%, y los más afectados son los grupos familiares que no están en condiciones de adquirir un inmueble.
DOS CASOS
A Luis Emilio Vegas le preocupan otros dos temas planteados en el proyecto. Uno está referido a los mecanismos para solicitar la desocupación, que de acuerdo con su criterio disminuyen los derechos del arrendatario.
Y explica: "Según el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en estos momentos, si un propietario requiere de su bien debe dar un plazo de hasta tres años para el desalojo del inmueble. En el nuevo proyecto de ley, el propietario deberá esperar que el tribunal se promulgue al respecto, situación que fácilmente podría llevarse hasta 9 años.Todo esto conlleva a una inseguridad jurídica que va en detrimento del mercado inmobiliario".
El segundo caso lo comenta con base en el artículo 34, causal "a", de la actual ley, en el cual se expresa que se podrá demandar el desalojo de un inmueble arrendado cuando el arrendatario haya dejado de pagar dos mensualidades consecutivas; y en el proyecto de ley en discusión se eleva a cuatro meses, "con lo cual se propicia de alguna forma el retraso del pago de estos alquileres".
Luis Emilio Vegas sugiere realizar la reforma considerando el punto de vista de todos los sectores, y que deben diferenciarse claramente la ley para muebles residenciales y la de inmuebles comerciales.
"Se está englobando todo lo que tiene que ver con arrendamientos y esto causa confusión. El mercado inmobiliario corresponde en un 88% al segmento residencial, y es al que se debe enfocar en este momento; otro 4% corresponde a oficinas y 8% al comercial. Esto lo hace bastante sensible a los cambios, que están determinados por grandes inversiones y alto riesgo.
CAPITAL CONGELADO
Otro elemento que destaca el presidente de la Cámara Inmobiliaria se refiere al decreto de congelación de alquileres. Recuerda que en Venezuela es el Ejecutivo Nacional el que controla los precios de los arrendamientos y en Gaceta Oficial se publicó recientemente la resolución que establece la extensión por seis meses más de la congelación de los alquileres.
Advierte que esto causa distorsiones porque algunas personas no parecen estar dispuestas a someter su apartamento a estos ajustes de cánones según los cuales se evidencian las pérdidas incluso en infraestructura.
"Hay que imaginar todos los costos relacionados con el alquiler de un inmueble. Los propietarios no han podido modificar los contratos y no les ha quedado otro remedio que solicitar la desocupación de los inquilinos para destinarlo a la venta, porque ya no resulta atractivo mantenerlo alquilado".
Luis Emilio Vegas considera que si no se hacen las correcciones pertinentes se caería en el grave error de promover un retroceso en materia de legislación. Otra situación se refiere a la fuga de capitales que se destinan a la construcción de inmuebles orientados al arrendamiento, por la falta de seguridad jurídica y por la exagerada protección que se está planteando para los inquilinos.
Vegas insiste en que debe buscarse un punto de equilibrio que permita conciliar los intereses entre las partes. Esta situación se evidencia en las inversiones que han realizado empresarios venezolanos hacia otros destinos, como es el caso de la construcción y negociación en Panamá.
Sin embargo, y frente a todo este panorama, Luis Emilio Vegas considera saludable que en el artículo 35 del nuevo proyecto de ley se promueve un espacio de conciliación entre las partes para contestación de demandas antes de la última promulgación del tribunal.
Esto permitiría contar con un representante de la Defensoría del Pueblo y con abogados.
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| Fecha publicada: 24/05/2007
Fuente: TalCual
Tema: bienes
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