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La Defensoría del Pueblo, por intermedio de la Defensoría Especial con Competencia Nacional en materia de Salud, los organismos competentes y representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema del VIH/SIDA realizaron un encuentro con el objeto de estudiar y buscar los mecanismos legales para que sea eliminada la prueba de diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana/SIDA requerida por algunas empresas que ofertan puestos de empleo.
La mesa técnica se llevó a cabo en la sede de la Defensoría del Pueblo. En la discusión quedó claro que es una práctica discriminatoria que los empleadores requieran a los solicitantes pruebas de laboratorio del VIH/SIDA. Por esta razón, se están elaborando normas técnicas que serán sometidas a discusión y análisis público.
En septiembre de 2004, el entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social aprobó una resolución, de obligatorio cumplimiento, la cual restringe la aplicación de la prueba de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana para estudios epidemiológicos, a los donantes de sangre, tejidos, semen y órganos; en las personas que presenten signos o síntomas manifiestos que sugieran la presencia del VIH.
AP
El reglamento advierte que esta prueba no podrá realizarse sin el consentimiento libre de la persona, ni se podrá exigir como requisito de trabajo, para ingresar a los centros de educación o de salud, y en general en todas aquellas situaciones que tienden a limitar el libre ejercicio de los derechos individuales.
Sin embargo, ese reglamento era y es violentado por instituciones públicas y privadas.
En 1997, un diputado de la Asamblea Legislativa de Aragua denunció que aspirantes a ingresar en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador eran obligados a presentar los resultados del examen sobre VIH/Sida. En esa oportunidad, el subdirector académico del Instituto Universitario Experimental Pedagógico de Maracay, confirmó a El Nacional que entre los requisitos exigidos para el ingreso de los bachilleres que querían cursar la carrera de la docencia, era imprescindible conocer su estatus serológico.
Aclaró, igualmente, que era una resolución del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Pedagógica Experimental Libertador (de febrero de 1997).
Ese mismo año se supo que un centro adscrito al Instituto Nacional del Menor se negaba a aceptar a una mujer seropositivo. También se conoció de situaciones similares en la Fuerza Armada.
En un reporte de la agencia IPS del año 2002, el activista Alberto Nieves, de Acción Ciudadana contra el Sida, recordaba que "la Constitución de 1999 prohíbe realizar exámenes médicos sin consentimiento del interesado o con propósitos discriminatorios, como los instrumentados por empresas para no emplear a portadores de VIH, pero muchos empleadores y compañías aseguradoras aún practican esas pruebas".
ACCSI insiste, en su página web, en que la ley protege a todos los individuos por igual, por lo que nadie debe tolerar discriminaciones de ningún tipo.
Perspectiva de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo discutió con los integrantes de las mesas técnicas otros temas relacionados con el VIH/SIDA.
Uno de ellos fue el contenido necesario de las inspecciones que debe practicar el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en los centros de trabajo, la formación de empleadores y trabajadores en materia de VIH/SIDA y derechos humanos, la difusión a gran escala de los derechos relacionados con el tema y el acceso a los organismos receptores de denuncias.
En ese sentido, la mesa técnica logró comprometer a Insapsel para que envíe la lista de sus funcionarios encargados de practicar las inspecciones a escala nacional "con el objeto de coordinar con la dirección general de promoción y divulgación de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, una jornada de talleres sobre VIH/SIDA; esto, junto con la dirección de educación y comunicación del instituto y las ONG involucradas en la lucha contra el VIH/SIDA REGRESAR |
| Fecha publicada: 30/05/2007 Fuente: El Nacional Tema: empleo
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