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La Agenda Alternativa Bolivariana (AAB), dada a conocer en el año 2007, dio cuenta de un punto estratégico de la revolución: mantener el control de cambio.
La mejora de la economía y un incremento en las reservas internacionales no serán motivos para levantar el control.
A diferencia de otros esquemas cambiarios del pasado, este llegó para quedarse. Razones políticas prevalecen sobre lo económico.
Cuando el mecanismo se agotaba y la economía mejoraba, los presidentes levantaban el control de cambio, como ocurrió en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quien decretó en su segundo período la restricción y la libertad cambiaria.
El actual gobierno lo ha dicho, el control 'puede durar 100 años, llegó para quedarse'. Razones económicas se desplazan frente a decisiones de política de control, que se usan como instrumento económico de la 'revolución'.
Desde que arrancó el control en el año 2003, el Gobierno ha venido cambiando el instrumento de 'administración de divisas'.
Ahora surge un nuevo esquema: el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), como la nueva 'sofisticación' de una herramienta más de control.
En ambiente de revolución
La Agenda Alternativa Bolivariana, publicada por el Ministerio de Información y Comunicación en el año 2007, formó parte de los documentos políticos que sirvieron de base al juramento en el 'Samán de Güere'.
'La AAB ofrece una salida y echa las bases del proyecto de transición bolivariano. Aquella en el corto plazo; y este en el mediano plazo, serán los motores para el despegue hacia el proyecto nacional Simón Bolívar, cuyos objetivos se ubican a largo plazo', indica el documento firmado por Hugo Chávez en el año 1996.
En el artículo referido a la política cambiaria se establece que lo más conveniente para la revolución económica es la implementación del 'Sistema Cambiario Regulado, Único y Flexible', denominado Scruf.
'La convertibilidad quedaría bajo control por parte del BCV; el valor de la rata de cambio estaría anclado con un régimen flexible y la otorgabilidad sería única'.
La adopción de este sistema cambiario tiene, según los proponentes, la ventaja de estar sujeto a las prioridades económicas establecidas en el plan general de la Agenda Alternativa Bolivariana.
El sistema tomaría 'en cuenta las especificidades de cada sector de la economía nacional y permitiría el desarrollo de las reservas internacionales'.
Pero también posibilitaría el desarrollo de políticas orientadas al abastecimiento del mercado interno y se garantizaría 'un presupuesto de divisas y capacidad de importación'.
Sin embargo, en el documento se señala que para tomar el control de la política cambiaria se deben considerar las consecuencias negativas que podría generar su aplicación.
'Pueden presentarse privilegios en el otorgamiento de divisas; se abre la posibilidad a la corrupción cambiaria y el surgimiento de un mercado negro de divisas y se pueden desatar acciones compulsivas por parte de algunos sectores que se consideren afectados'.
Para evitar irregularidades no dudan en la necesidad de aplicar correctivos. 'Habría que tomar medidas políticas, jurídicas y sociales para minimizar y neutralizar esas desventajas'.
Aún queda por hacer
En los lineamientos de la política cambiaria de la revolución contenidos en documentos escritos por ex funcionarios o actuales representantes del Gobierno, se destaca la necesidad de eliminar los intermediarios.
Esta premisa se confirma con las decisiones adoptadas por las autoridades monetarias y financieras de prohibir a las casas de bolsa y sociedades de corretaje la negociación de títulos valores en moneda extranjera y en bolívares.
Se le da la exclusividad al Banco Central de Venezuela (BCV) en lo referente al manejo de las negociaciones de los bonos públicos en divisas.
La gran oportunidad
El paro petrolero, que se extendió de finales de 2002 a principios de 2003, 'dio en bandeja de plata' la excusa para que el Gobierno implementara el control de cambio.
Se convirtió en la justificación económica más conveniente para iniciar la estrategia revolucionaria de la política cambiaria.
El economista José Manuel Puente, profesor del Iesa, recuerda que en el año 2008 el Gobierno obtuvo ingresos brutos por el orden de los 95.000 millones de dólares, lo que aunado a una política económica coherente y un marco institucional idóneo, hubiera permitido levantar el control de cambio. 'Aunque esta regulación genera múltiples desequilibrios en la economía, tiene altos dividendos políticos. Mientras exista revolución habrá control de cambio', sostiene.
Puente resalta que es parte de una estrategia económica el tener a la economía hipercontrolada: las regulaciones del mercado cambiario, de los precios, de las tasas de interés y la inamovilidad laboral son medidas con las que el Gobierno cree que logrará estabilizar los desequilibrios macroeconómicos.
'Pero también creo que es una estrategia política porque con el control de cambio decides cuáles empresas reciben divisas y cuáles no', afirma.
El porqué
Las razones para implementar los anteriores controles de cambio han sido casi siempre las mismas. En el primer control del año 1960 se evidenció una importante caída de las reservas internacionales, además de la fuga de capitales debido a la inestabilidad política de la época.
Varios entes se crearon para administrar el control cambiario, como ocurrió en 1960 con la Gerencia de Administración Cambiaria adscrita al Ministerio de Hacienda. La medida se levantó en el año 1964.
A finales de 1982, se registraron retrasos en los pagos de deuda externa, fuga de capitales y caída de los ingresos debido a la disminución de los precios del petróleo; mientras que en 1983, se terminó la larga estabilidad cambiaria y nació el cuestionado Recadi, que también fue puesto en marcha por el despacho de Hacienda. Se prolongó hasta 1989.
Durante el año 1994 surgió una nueva causa: la crisis bancaria que derivó en una fuga de capitales ante la inestabilidad económica del país. Se crea la Oficina Técnica de Administración Cambiaria (Otac), manejada por el Ministerio de Hacienda.
En 1996, tras la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Venezuela libera de nuevo la divisa, hasta febrero de 2003, cuando el gobierno de Hugo Chávez retoma la medida.
En estos controles de cambio, el Ministerio de Hacienda fue el órgano administrador. Hoy en día, es manejado tanto por el Ministerio de Planificación y Finanzas, a través de Cadivi, como por el Banco Central.
Todos estos esquemas de control han sido y son discrecionales, es decir, son manejados de acuerdo con los intereses del funcionario de turno. El elemento político se observó pocas veces en los anteriores controles, pero hoy se hace presente, con un alto componente ideológico.
Jaime es como tú
Cuando el gobierno de Jaime Lusinchi, se observó un claro matiz político durante el control de cambio, pero este se rompió con la llegada de CAP en 1989.
Los medios de comunicación fueron los principales afectados a la hora de solicitar divisas a tasas preferenciales. Muchas veces fueron rechazadas las peticiones de las empresas de información que denunciaron las irregularidades cometidas por la secretaria de Lusinchi, Blanca Ibáñez.
Actualmente, importadores han señalado que Cadivi no entrega las divisas a tiempo y el propio Gobierno ha dicho que no otorgará dólares para productos considerados 'superfluos'.
Para el presidente del Banco Venezolano de Crédito, Oscar García Mendoza, los gobiernos se dan cuenta que con la regulación del tipo de cambio controlan a la población para obtener beneficios políticos.
'El Sitme no difiere en nada de los esquemas cambiarios anteriores, y lo que ha diseñado el BCV es una especie de 'cadivito', es decir, un nuevo Cadivi, pues no se ofrece una ventaja distinta a lo que propone este organismo'. Generalmente, los controles comienzan como una medida momentánea para resolver una situación puntual, pero a veces se van quedando permanentemente. REGRESAR |
| Fecha publicada: 15/06/2010
Fuente: El Mundo
Tema: economia
Tags: El Dólar y Cadivi
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