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El control de precios impuesto al sector inmobiliario a partir de abril de 2003, y que recurrentemente se ha renovado por períodos de seis meses, ha incidido significativamente en la reducción de las opciones destinadas al alquiler.
Al momento en que se impuso el control de los cánones, la oferta representaba 60% de las operaciones que se realizaban en el mercado inmobiliario. El restante 40% correspondía a compra-venta.
A fines de 2006, la relación era 90%-30%, para alquiler y compraventa, respectivamente.
Pero en lo que va de año se ha registrado una merma significativa de la oferta de bienes destinados al alquiler y, en buena medida, a ello ha contribuido la inseguridad jurídica y la reforma a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la cual introduce una serie de modificaciones al instrumento aprobado en 1999 por la Asamblea Nacional.
De acuerdo con Raimundo Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), la escasez de viviendas en alquiler se palpa en el día a día en las oficinas de arrendamiento y en la misma prensa, donde los avisos han mermado notablemente.
Sin temor a equivocarse y, partiendo de la información suministrada por empresas de alquiler, el arrendamiento representa hoy 5% de las operaciones que se realizan en este mercado.
Explica que la alarma creada con la reforma legal emprendida por la Asamblea Nacional, a principios de año, generó mucha preocupación en la gente, ante el riesgo que representaría entregar un inmueble en arrendamiento, sin contar que muchos inversionistas han elegido países como Panamá, Costa Rica o Estados Unidos para desarrollar proyectos en el área inmobiliaria.
El pasado miércoles Apiur fue recibida por segunda vez en la Comisión de Administración y Servicios Públicos del Parlamento, donde están siendo consultados distintos sectores en relación al proyecto de reforma aprobado en primera discusión en la plenaria.
Orta manifestó satisfacción y confianza en que las observaciones formuladas por distintos sectores y el que representa en particular serán acogidas por la instancia legislativa.
Fallas de forma y fondo, algunas de ellas reñidas con la Constitución, ha detectado Apiur en el proyecto, especialmente en lo que atañe a la creación de tres instancia judiciales para la resolución de juicios en materia de arrendamiento, obviando que la cuantía de estos procesos no pesa, además de lo que demoraría un propietario para recuperar el bien, y generando un retroceso respecto al instrumento de 1999, donde se establecían sólo dos instancias, la administrativa y la judicial. Asimismo, Apiur plantea la necesidad de que se hagan juicios orales, públicos y breves, de manera que el juez pueda tomar decisiones con la celeridad del caso.
Observan que no es indispensable la presencia del defensor del pueblo, por lo que estiman debe acudirse a éste sólo a instancia de las partes.
Orta comentó que, tal como está redactado, el propietario tiene que demostrar la insolvencia del inquilino en el pago y advirtió que el proyecto estimula la discriminación cuando distingue entre juicios que involucran a familias con menores o adultos mayores.
Lamentó que en la realización del proyecto aprobado en primera discusión no se haya tomado en cuenta a los sectores involucrados en la materia, entre ellos a la dirección general de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura o a abogados especialistas.
El ausente ahora es el abogado Juan Carlos Dugarte, quien presidió la comisión especial que elaboró el documento. REGRESAR |
| Fecha publicada: 04/06/2007
Fuente: El Mundo
Tema: bienes
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