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Un día antes de que se venciera la concesión de Radio Caracas Televisión se vieron camisas rojas frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Eran representantes de 13 organizaciones de usuarios que apoyaban la medida de que la infraestructura del canal de Quinta Crespo pudiera ser utilizada por TVES.
Para tomar la decisión, el Tribunal Supremo de Justicia consideró a las agrupaciones que consignaron denuncias contra RCTV, pero obvió las solicitudes de los representantes de las organizaciones que condenaban el cese de las transmisiones.
Aunque la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión promueve la pluralidad, las organizaciones de usuarios que no simpatizan con el Gobierno no son escuchadas.
Constituyen una minoría y, después de dos años de esfuerzos, no ha recogido frutos.
Entre 53 organizaciones registradas en Caracas, 51 son de tendencia oficialista. Esa situación se repite en el interior del país, donde existen más de 1.000. Conatel excluye de su lista disponible en Internet a los grupos que discrepan de la posición gubernamental. Por eso ni siquiera pueden comunicarse entre ellas.
Del dicho al hecho. "La ley (Resorte) contempla el derecho político de todos los ciudadanos y ciudadanas de participar libremente en los asuntos públicos, lo que permite afianzar la democracia y diversas formas de participación de nuevos actores sociales como las organizaciones de usuarios de los servicios de telecomunicaciones", dice la página www.
usuariosyusuarias.org.ve. Apela al artículo 62 de la Constitución para justificar la participación ciudadana, pero en la práctica no hay muestras de ella.
El procedimiento supone que para hacer llegar una crítica a los medios, las organizaciones deben emitir por escrito sus comentarios a los directivos de la estación. Si éstos no responden en 15 días, remiten la comunicación a Conatel para que tome medidas. La institución, sin embargo, no ha emprendido acciones sobre alguna solicitud acerca de Venezolana de Televisión.
"Tenemos que estar pendientes de los contenidos que emiten todos los medios. Somos órganos contralores y evitamos que se difundan mensajes que conviertan a la mujer en un objeto o que inciten a fumar, beber o hacer el amor", comenta el vocero de la organización 27 de Febrero, José Pires, al referirse a su función.
Desde que se organizaron han enviado documentos a RCTV, Globovisión y Venevisión.
Del grupo nuca ha surgido una misiva para VTV. "Tienen que mejorar su programación, pero nada es perfecto. Al menos en ese canal son más objetivos que en Globovisión. Sí les haremos un llamado, pero no sabemos cuándo", dice Pires.
Acciones similares han desarrollado Satélite Popular y la Organización Revolucionaria Usuarios de Telecomunicaciones. Ambas han enviado comentarios a medios privados, celebran la medida contra RCTV, apoyan la citación a la Fiscalía del director de Globovisión y justifican el comportamiento del canal del Estado.
Sólo dos agrupaciones en Caracas han sido críticas con VTV: Oyentes Interactivos de la Radio (OIR) y Usuarios Los Palos Grandes. "Hemos enviado infinidad de quejas sobre La Hojilla a Conatel, pero se limitan a comunicarnos que recibieron la misiva", relata Renan Acosta, vocero de OIR. Blas Vítolo, vocero de la segunda organización, lleva la cuenta: 16 cartas no respondidas o de las cuales sólo manifestaron acuse de recibo.
Vítolo comparte la experiencia: "En la primera etapa nos reunimos, estudiamos la ley, tratamos de asesorarnos y emitimos una carta contra el documental La revolución no será transmitida, porque nos parecía que no cumplía con la exigencia de la ley en cuanto a la información veraz, imparcial y oportuna. Pero nuestras quejas no tuvieron respuestas, fuimos ignorados".
Al enviar su primer comunicado, Vítolo llamó a un miembro del directorio de Responsabilidad Social para hacerle seguimiento. "Se mostró interesadísimo, hasta que supo que era en contra del documental.
En ese momento me tiró el teléfono y no supe más nada de él", recuerda.
Por la libertad de expresión.
Aunque Vítolo y Acosta se han sentido desmotivados, comparten la esperanza de que la creación de nuevos comités de usuarios de la oposición podría ayudar a interceder a favor de los medios privados. Conocen las inquietudes de aproximadamente 45 grupos interesados del interior del país, pero quisieran que más personas se motivaran.
A una semana de la salida del aire del canal de Bárcenas, Vítolo reflexiona: "Si hubieran muchas otras organizaciones de usuarios no alineadas con un único punto de vista, ¿el resultado final hubiera sido el mismo? Si hubiéramos inundado a Conatel de cartas de usuarios reclamando, quizá el resultado habría sido distinto".
Acosta sostiene que la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión se convirtió en un instrumento político del Gobierno. "Dentro de poco arremeterán contra Globovisión y las emisoras AM, que es lo que nos queda", advierte.
El representante de OIR insiste en hacer un llamado a la ciudadanía, aunque tal vez sea sólo una ilusión: "La Ley sostiene que los procedimientos de Conatel contra los medios deben estar sustanciados por los usuarios. Si nos unimos, en algún momento tendrán que escucharnos". REGRESAR |
| Fecha publicada: 04/06/2007
Fuente: El Nacional
Tema: medios
Tags: Cierre de RCTV
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