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Dos instancias en la Asamblea Nacional investigan al gobernador de Guárico, Eduardo Manuit: las comisiones de Contraloría y Política Interior.
La primera, por supuesta irregularidad en la reparación de la planta potabilizadora de agua en Zaraza; y la segunda, por violación de derechos humanos. Las denuncias son promovidas por "la corriente alterna" que se opone a la incorporación del mandatario en el PSUV. Hace dos años el mandatario regional había sido salvado por el entonces presidente del Parlamento, Nicolás Maduro, por razones políticas.
Ahora se señala que la pelea Manuit-David Fares tiene como trasfondo un supuesto hecho de corrupción. El gobernador de Guárico y el alcalde de Pedraza se acusaron mutuamente en el Ministerio de Finanzas de la desaparición de 1 millardo de bolívares asignado a una planta potabilizadora de agua en Zaraza.
El diputado Ángel Landaeta expuso el caso en estos términos ante la Comisión de Contraloría, donde instó a darle celeridad a un expediente sobre la planta -no terminada-, que reposa desde 2003 en archivos legislativos guardado, precisamente, por razones políticas: "La golpiza fue un ajuste de cuentas entre bandas: Manuitt se quedó con 386.104.205 bolívares, destinados para una primera etapa de la planta, y Fares con 700.000 millones".
Ante Contraloría se consignaron copias de unas correspondencias: en la primera, con fecha 17 de junio de 2002, el alcalde Fares autoriza a la gobernación a administrar los fondos de esta obra. Previamente, el 3 de junio de ese año, había renunciado al proyecto ante el Fides. El 31 de diciembre de 2002 se autorizó el primer pago a la empresa Ingeniería Pecha por 386 millones de bolívares como parte del 30% del anticipo. En el programa Aló, Presidente No.
221, Hugo Chávez pidió que se averiguara el destino de los recursos. "Si queremos ser consecuentes con el discurso anti-corrupción, hay que traer a plenaria este caso y establecer las responsabilidades", pidió Landaeta. No hubo oposición y el caso será reabierto.
En Contraloría indicaron que esta discusión es producto de la falta de una dirección política; al eliminarse el MVR, nadie fija línea sobre qué hacer con los gobernadores cuestionados inscritos en el PSUV. Eso pasa con Carlos Giménez, en Yaracuy; ayer se cerraron las comparecencias sin que se interpelara a Gianfranco Napolitano, de la cooperativa El Lamedero, quien recibió 300 millardos de bolívares sin control previo y es clave en la aclaración de todo, alertó Carlos Gamarra.
Show mediático.
El diputado Juan Marín rechazó las acusaciones de Iris Varela y aseguró que éstas formaban parte de un show mediático. Varela afirmó que Marín -siendo secretario de gobierno en Guárico- entorpeció las investigaciones de la violación de derechos humanos en esta entidad, por lo que debía inhibirse en la nueva averiguación sobre supuestos ajusticiamientos.
Marín negó la acusación; defendió su derecho a incorporarse a las investigaciones que desee y dijo que la parlamentaria tenía que haberlo denunciado antes: "Cuando se presentó el informe Manuitt, la directiva de la AN desincorporó a la diputada, por considerar que estaba movida por odios personales".
En la comisión de Política Interior, el diputado Félix Leonett Canales propuso invitar a Varela para que explicara sus señalamientos. Su idea no fue apoyada. Ante este hecho, Marín recordó que si iris Varela quería informarse sobre las investigaciones conocía el mecanismo para hacerlo, dada su experiencia. Lamentó que descalificara el trabajo de la subcomisión sobre las muertes en Guárico. "Si la invitamos, contribuiremos con su show mediático".
Tulio Jiménez y Juan José Molina, presidente y vicepresidente de la comisión de Política Interior, respectivamente, pidieron un voto de confianza para analizar la respuesta que darán a la asambleísta. REGRESAR |
| Fecha publicada: 14/06/2007
Fuente: El Nacional
Tema: politica
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