|
|
|
Los Teques. El próximo jueves se vence el lapso de 30 días para que el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía III del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, la Fiscalía 19 con competencia plena y la Fiscalía vigésima nacional presenten sus conclusiones sobre el destino de los 74 ciudadanos imputados por el delito de "obstaculización de las vías públicas", aprehendidos durante las refriegas ocurridas en San Antonio de los Altos el 29 de mayo, luego del cese de la concesión de Radio Caracas Televisión.
En esos hechos fueron detenidas un total de 102 personas, de ellas, 28 menores de edad, que fueron entregados a sus representantes. La mayoría presentó heridas, algunas de consideración, por impactos de perdigones.
"Lo más probable es que la Fiscalía solicite la prórroga de 15 días, por lo extenso del expediente", expresó David Ortiz, quien junto a los abogados Guillermo Heredia y Giuseppe Tremamunno, son los representantes legales de los 50 acusados adultos que aceptaron ser procesados en grupo.
Los otros 24 jóvenes poseen defensores privados o públicos. Ortiz aseguró que en los próximos días "vamos a introducir algunas solicitudes para que se desarrolle la investigación y se presenten también como pruebas excusatorias", por lo que estimó que es probable que el Ministerio Público no pueda dar respuesta rápida a la gran cantidad de solicitudes que contiene el expediente.
La medida del tribunal establece que los fiscales tienen seis meses para pronunciarse, mediante un acto conclusivo que podría originar una acusación formal contra los 74 imputados y su consecuente privación de libertad.
Dijo que el expediente no contiene suficientes elementos para acusar, por lo que expresó su confianza en el sobreseimiento del caso.
"Estamos trabajando a todo tren para presentar todos los elementos de exculpación de nuestros defendidos, a los efectos de que se dé el sobreseimiento del caso, que es la demostración de la inocencia de los jóvenes", expresó Ortiz.
ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS
El trío de abogados promoverá pruebas para demostrar que "los estudiantes fueron brutalmente maltratados, tanto en su integridad física como moral".
El abogado David Ortiz dijo que "establecerán el vínculo de los funcionarios con estos atropellos para establecer responsabilidades y pedir que sean imputados".
Destacó que el artículo 68 de la Constitución consagra el derecho a la manifestación y prohibe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en su control.
Indicó que los funcionarios de Polimiranda intentaron relacionar la manifestación con hechos vandálicos para reprimir. REGRESAR |
| Fecha publicada: 25/06/2007
Fuente: Últimas Noticias
Tema: politica
|
*** noticias no disponibles *** |
|
