Los empleados del Instituto Nacional de la Vivienda entran y salen por el estacionamiento. Nadie abre la puerta principal de la sede. De hecho, pocos voltean a verla. Las colchonetas y las cobijas de las familias que afirman haber quedado damnificadas o haber sido desalojadas por el Estado permanecen desde hace una semana junto al vidrio de la fachada.
Unos se van y otros llegan, pero siempre hay gente en la espaciosa acera de la avenida Francisco de Miranda, en Caracas.
Los manifestantes protestan por la eliminación del Programa Ocho, que ofrecía subsidio de entre 50 millones y 80 millones de bolívares para la compra de viviendas en el mercado secundario.
Ayer, se echaron al suelo los vecinos del devastado barrio Nueva Esparta; antes lo hicieron personas provenientes de Nueva Tacagua y del estado Vargas.
Amontonada con sus cinco hijos, Yosmery Campo se cubrió los labios con un tirro y un papel, en el que escribió: Me derrumbaron mi casa y no tengo dónde vivir. Con el tapabocas se ganó miradas de transeúntes curiosos, nadie del despacho le prestó atención.
Campo afirma que Madelein Montilla, funcionaria del despacho, la acusó de estafar al país porque según la data del ministerio ella ha cobrado 3 cheques por 50 millones de bolívares. No soy invasora ni recién llegada. Ellos deben descubrir dónde está la corrupción, y no es en nosotros, afirmó.
Ha transcurrido un año y seis meses desde que las cuadrillas del Ministerio de Vivienda tumbaron con mandarrias la casa de María Estrimor, quien lleva tres días en la calle donde las vigilias se volvieron cotidianas. También proviene del Nueva Esparta. El dinero no me alcanza para el alquiler y no me quiero ir de Caracas.
El presidente del Inavi, Jorge Pérez Prado, se excusó por no haber ofrecido declaraciones y sostuvo que el ministro no lo autorizó. Sin embargo, en la tarde una comisión del organismo se dirigió a Nueva Tacagua, comunidad que habían prometido desalojar para el mes pasado y, luego, para agosto próximo.
El Programa Ocho es uno de los siete planes que ha anunciado el Ejecutivo en los últimos tres años para combatir el déficit habitacional. Fue publicado en Gaceta Oficial en enero de 2005, en plena crisis del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira. Dos años después, los deudos del subsidio son precisamente los vecinos de barrios aledaños al desaparecido puente. Aunque no nos paren, aquí seguiremos hasta que el Presidente retorne al país, sostuvo Campo, sentada en su colchoneta que, como por obra de la indiferencia, parece haberse vuelto invisible. REGRESAR |
