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Una sensación agridulce dejó la audiencia del martes a los defensores de Franklin Durán. Si bien la jueza Jane Lenard aceptó una moción de la Fiscalía, que pidió no citar las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos para impedir que se politice la investigación contra este empresario petrolero, el abogado Ed Shohat podrá utilizar estos argumentos sólo si la magistrada lo considera pertinente en el juicio que se iniciará el próximo 2 de septiembre en Miami.
Fue el primero de los reveses que sufrió la representación del único de los cinco acusados que no se ha declarado culpable de actuar sin autorización y conspirar como agente encubierto de Venezuela. La corte también prohibió que Shohat interrogue a los candidatos a formar parte del jurado. El abogado quería conocer la opinión de los aspirantes sobre los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro, una potestad que sólo corresponde a la jueza Lenard. La defensa considera que la suerte de Durán dependerá de la animadversión o simpatía que se sienta por ambos líderes.
Entre los posibles testigos del juicio están Carlos Kauffmann, Moisés Maionica y Rodolfo Wanseele, quienes aceptaron colaborar con la Fiscalía a cambio de una condena reducida. Todos ellos, según el gobierno de Estados Unidos, participaron en un complot para impedir que Guido Antonini Wilson revelara el destinatario de una gruesa suma de dinero -800.000 dólares- que le decomisaron dentro de una maleta hace casi un año en la aduana del aeropuerto de Buenos Aires. Un quinto acusado, Antonio Canchica, funcionario de la Disip, está prófugo de la justicia. Si es hallado culpable, Durán podría pasar hasta 15 años en la cárcel.
Aún la jueza Lenard no ha decidido sobre la más reciente petición de Shohat: que se obligue al gobierno de EE UU a revelar información clasificada que demostraría que Durán actuó amenazado por el gobierno de Hugo Chávez.
Ese será uno de los argumentos clave en la estrategia de la defensa, a juzgar por el tenor de los documentos contenidos en el expediente y la insistencia del abogado en debatir un tema que la Fiscalía quiere que se descarte.
Para conseguir ese propósito, Shohat ha revisado los términos del acuerdo de culpabilidad suscrito por Kauffmann, y encontró una posible relación entre su decisión de colaborar con la Fiscalía y una investigación por fraude para obtener una visa L1 (una visa de no inmigrante necesaria para que un ejecutivo de una empresa venezolana pueda trabajar en una filial de la misma compañía en Estados Unidos).
Kauffmann dijo en 2007 que por las amenazas se mudaría a Estados Unidos.
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