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Dos venezolanos acusados en EUA de conspirar para actuar como agentes encubiertos de Venezuela en el 'caso del maletín' presuntamente pagaron sobornos a funcionarios y militares de ese país para obtener jugosos negocios, según un documento judicial divulgado ayer.
Se sospecha que Franklin Durán y Carlos Kauffman también pudieron haber recibido comisiones por colocar los recursos del presupuesto del estado Cojedes, en el centro oeste de Venezuela, en un banco en particular, y contratos de construcción con el estado Vargas, cercano a Caracas, de acuerdo con una moción presentada por fiscales estadounidenses.
En la moción se solicita a la jueza Joan Lenard permiso para presentar esa información como prueba de los 'malos actos' de Durán, en el juicio que se efectuará en su contra el próximo 2 de septiembre en un tribunal de Miami (Florida).
'Durán y Kauffman amasaron su fortuna satisfaciendo los pedidos de funcionarios del gobierno venezolano', dijo el fiscal federal Thomas J. Mulvihill en el documento de diez páginas.
El empresario Durán es el único de los cinco acusados en el 'caso del maletín' que afrontará un juicio. Tres se han declarado culpables tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Federal y uno está prófugo.
El venezolano está acusado de intentar coaccionar al empresario estadounidense-venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson para que guardara silencio sobre el origen y el destino de un maletín con 800.000 dólares que supuestamente estaban destinados a financiar la campaña electoral de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
El gobierno de Buenos Aires ha negado que el dinero, que hace un año fue incautado a Antonini en el aeropuerto de Ezeiza, estuviera destinado a la campaña electoral.
En el documento se indica que Durán y Kauffman conspiraron con cuatro funcionarios del Ministerio de Finanzas de Venezuela y pagaron un soborno de 23,8 millones de dólares para ejecutar una operación de reestructuración de deuda a cambio de bonos.
'Durán y Kauffman ganaron más de 100 millones de dólares con esta reestructuración', precisó el fiscal.
Los empresarios también habrían pagado sobornos a oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela, en relación con bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas, a favor de esa rama militar.
Ambos acusados presuntamente se involucraron en la colocación del presupuesto del estado Cojedes en una entidad financiera, que no fue mencionada en el documento, por lo que recibían una comisión y a su vez pagaron sobornos a un funcionario de un cargo importante, que tampoco se divulga su nombre, de acuerdo con el documento. Esas colocaciones de fondos se efectuaron supuestamente en los años 2000 al 2008.
En ese mismo período, ambos empresarios se habrían implicado en una operación de soborno con un funcionario de alto rango en el estado Vargas, cercano a Caracas, y contribuyeron con 250.000 dólares para la campaña electoral del funcionario, según el documento.
Con el referido estado supuestamente obtuvieron contratos de construcción, recibieron unos 30 millones de dólares por los negocios y pagaron diez por ciento de ese monto a dos funcionarios de alto rango de Vargas, de acuerdo con las autoridades de EUA. REGRESAR |
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