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A Jhonny Yánez Rangel y Antonio Rodríguez San Juan, gobernadores de Cojedes y Vargas, nadie los ha visto últimamente en sus despachos de gobierno. Por lo menos así lo aseguran dirigentes políticos regionales de la oposición, quienes indican que existe el peligro de que se 'fuguen', a raíz del proceso judicial que se ha desatado por el conocido caso del maletín.
Alberto Solórzano, integrante del MAS que ha seguido de cerca la gestión del gobernador de Cojedes, señala que la relación comercial con los dueños de Venoco data de 2002, cuando Yánez promulga un decreto de emergencia que le permite asignar, sin licitación, varios contratos. Entre estos se encuentra uno en 2003 valorado en 1,6 millones de bolívares fuertes a favor de la empresa Rubial y Durán (perteneciente a Durán y Kauffman), para la construcción de un tramo de carretera. En 2004, explica, le fue asignado a la misma empresa, a través de otro decreto de emergencia, un contrato de 6 millones de bolívares fuertes para la adquisición de vehículos, repuestos, armamentos, bombas lacrimógenas y equipos de seguridad.
Parte de este armamento, que incluía 1.200 pistolas semiautomáticas, nunca llegó a la gobernación.
Estos contratos ayudaron a los empresarios a acumular una fortuna y hacerse de la mayoría accionaria de Venoco en noviembre de 2004, vendida por 60 millones de dólares. La empresa de lubricantes y aceites tenía entre sus accionistas a Isaac Pérez Recao, mientras que Carmona Estanga había ejercido un cargo directivo hasta 2002.
La compañía, que en algún momento llegó a ser calificada de 'golpista', pasó a ser 'amiga' de la gobernación de Cojedes, tanto que Yánez habría utilizado los aviones de Venoco para trasladarse durante la campaña electoral de 2004.
CONTRATOS EN VARGAS
Por su parte, el candidato de la oposición en Vargas, Roberto Smith, expresa que en aquella entidad se produjo un contrato de 30 millones de dólares relacionado con la construcción con otra empresa de Kauffman y Durán denominada '2306'. El mismo gobernador admitió el nexo con los empresarios aunque dijo que el contrato fue por 120 mil bolívares fuertes.
Solórzano apunta que ambos gobernadores están conectados.
Explica que Yánez mantenía contactos con Carmona Estanga y que también apareció en una famosa foto con Alejandro Antonini en una cumbre sobre energía alternativa en Uruguay en 2006. Según Solórzano, Antonini era un 'lobbysta' de empresarios venezolanos que 'el gobernador se trajo a Cojedes'.
Todos estos nexos se vieron ratificados con los testimonios del juicio en Miami. Tanto Kauffman como Durán revelaron que negociaron con entidades financieras en las que depositaron el presupuesto de las gobernaciones de Cojedes y Vargas, a cambio de 5% y 10% del monto total.
Kauffman aseguró que le dieron un soborno de 3 millones de dólares a Rodríguez San Juan para obtener el contrato de 30 millones de dólares, igualmente aseveró que le dieron 250 mil dólares para su campaña electoral. El mandatario negó haber recibido estos sobornos. En el caso de Yánez, aparte de utilizar los aviones privados de los empresarios, Solórzano señala que el situado constitucional fue depositado en la sede de Bancoro donde Durán tendría 'intereses accionarios'.
Tanto Solórzano como Smith dicen temer que luego de las elecciones regionales los mandatarios se den a la 'fuga'. Incluso, explican que los mandatarios no ocupan las residencias de gobierno: 'En Vargas están raspando la olla, se están llevando hasta la alfombra', señala Smith.
Mientras, Solórzano asevera que Yánez trasladó a su esposa a los Estados Unidos y que posee visa norteamericana, desde que estudió en Washington. Añade que el pasado 23 de octubre solicitó una medida de aseguramiento para prohibirle la salida del país al mandatario, supuestamente residenciado en Caracas, y considera necesario que se congelen sus bienes y sus cuentas bancarias. REGRESAR |
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